La JEP ordenó a los exrepresentantes legales de Urapalma S.A. Héctor de Jesús Íñigo y su esposa Katia Sánchez Mejía, y al exrepresentante legal de Palmadó, Héctor Duque Echeverry, rendir versión voluntaria sobre el caso de despojo de tierras en zona de Urabá.
Los citados por la Justicia Especial para la Paz, al parecer utilizaron grandes extensiones de tierras que les fueron despojadas a los campesinos del Bajo Atrato en el Chocó, para utilizarlas para cultivos de palma africana.
La Sala de Reconocimiento de la JEP vinculó formalmente a estas personas a esta investigación y les ordenó entregar su testimonio por escrito, un mes después de que les sean suministrados los informes que los comprometen.
Duque Echeverry, fue representante legal de la empresa con nexos paramilitares, Promotora Palmera de Curvaradó Limitada, Palmadó S.A.
En 2013 fue condenado a 150 semanas de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de tierras de especial importancia ecológica, en una zona en Riosucio, Chocó.
Por su parte, Katia Sánchez Mejía, administradora turística y hotelera de montería, esposa de Hernán Iñigo, fue condenada a prisión por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
Sánchez Mejía, quién fungió como representante legal de la empresa palmicultora Urapalma fue vinculada al macro-caso 04, deberá exponer y priorizar en su relato escrito las prácticas y hechos de los que tuvo conocimiento de manera directa o indirecta en este caso de despojo de tierras.
La esposa de Hernán de Jesús Íñigo en el 2006 había acudido al Incoder a solicitar el saneamiento de tierras que tenían un pasado de despojo, particularmente tras el desplazamiento forzado generado por las autodefensas.
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