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Falsedades, abuso de poder y persecución judicial: el proceso de extinción de dominio más antiguo de la Fiscalía ha colapsado tras una década de irregularidades, según revela un expediente. |
El proceso, que lleva más de diez años sin resolverse, comenzó contra José Ignacio Álvarez Meyendorf y otras 40 personas, con bienes avaluados en más de dos billones de pesos. Pese a la orden de la Corte Suprema de Justicia de finalizar la investigación y devolver los bienes incautados, fiscales y magistrados han alargado injustificadamente el proceso.
Las denuncias de los afectados señalan falsedades en notificaciones, excusas de errores "involuntarios" y una maraña judicial que involucra a altos funcionarios de la Fiscalía, como José Uriel Acero, exfiscal del caso, y el director de extinción de dominio, José Iván Caro. Mientras tanto, los bienes incautados, valorados en más de 109.000 millones de pesos, se deterioran, sin que la justicia actúe conforme a los fallos emitidos.
La trama parece tener conexiones profundas que llegan hasta la Corte Suprema, donde las decisiones tardías y el incumplimiento de fallos de tutela han dejado a los afectados sin respuestas, en medio de una justicia que, al parecer, se enreda en su propio poder.
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