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Andrea Valdés, quien quedó embarazada tras la agresión, asegura que intentaron darle sustancias para abortar y ahora no le permiten estar con su bebé.

En septiembre de 2024, Andrea Valdés, una mujer de 30 años condenada por homicidio agravado, denunció haber sido abusada sexualmente por dos guardias del Inpec dentro de la cárcel El Pedregal, en Medellín. Según su abogado, Felipe Álzate, la agresión ocurrió mientras estaba bajo custodia, y como resultado quedó embarazada.


En entrevista  Álzate contó que a Valdés le habrían suministrado una sustancia abortiva sin su consentimiento, aunque esto no interrumpió el embarazo. “Desde un principio ha habido intentos de ocultar lo que pasó”, señaló.


El caso fue denunciado ante la Fiscalía, que abrió una investigación contra los dos funcionarios del Inpec implicados. Sin embargo, aún no hay decisiones judiciales, y Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, algo que su defensa interpreta como una forma de silenciar la denuncia.


El abogado también afirmó que se le ha negado el beneficio de prisión domiciliaria, a pesar de que la ley lo permite para mujeres gestantes a partir del séptimo mes de embarazo. “Cualquier reclusa en estas condiciones debería poder tener a su hijo en casa”, dijo.


Además, Valdés no ha sido llevada al pabellón para embarazadas, y existe el temor de que el bebé quede bajo custodia del ICBF apenas nazca, algo que ella rechaza.

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