Investigan a jueza de Barranquilla por otorgar libertad condicional a Emilio Tapia

El proceso busca determinar si la jueza actuó conforme a la ley al autorizar la libertad condicional del contratista

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial analiza posibles irregularidades y demoras en la apelación presentada por la Procuraduría en el caso ‘Centros Poblados’.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, tras conceder libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el escándalo de corrupción conocido como ‘Centros Poblados’. La medida fue otorgada el 11 de abril de 2025.

El proceso busca determinar si la jueza actuó conforme a la ley al autorizar la libertad condicional del contratista, quien fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión. La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación argumentando que la decisión no cumplía con los requisitos legales establecidos y que se habrían vulnerado disposiciones del Código Penal, el Código Penitenciario, la Constitución y la Ley 190 de 1995.

Otro aspecto que será revisado es la presunta demora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, lo que, según la entidad, pudo afectar los controles legales sobre la medida de libertad condicional.

Emilio Tapia es señalado como el principal responsable del escándalo de ‘Centros Poblados’, relacionado con la presentación de garantías bancarias falsas que permitieron el desembolso anticipado de 70.000 millones de pesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), destinados a llevar internet a zonas rurales, recursos que nunca fueron recuperados.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aclaró que la apertura de la investigación no implica responsabilidad automática. El proceso continuará con la recolección de pruebas y declaraciones, y en caso de encontrarse méritos, la jueza podría enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensión o destitución del cargo.