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 “Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”, señaló el mandatario
El presidente afirma que las acusaciones buscan “purgar” a personas que han ayudado a identificar oficiales corruptos en el Ejército y critica el uso político de la información de inteligencia.


El presidente Gustavo Petro respondió este lunes a las acusaciones que apuntan a supuestos nexos entre altos funcionarios del Estado y la disidencia de las Farc liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.


Según Petro, las versiones difundidas en medios y redes sobre el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía son falsas. “Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”, señaló el mandatario, haciendo referencia a casos como el robo de armas en La Guajira y la entrega de permisos para compañías de seguridad a grupos criminales, prácticas que asegura fueron detenidas durante su Gobierno.


El presidente explicó que estos negocios, que habrían involucrado miles de millones de pesos en sobornos, fueron suspendidos por su administración para frenar el uso del Estado con fines paramilitares. “En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masiva. El negocio se intentó perpetuar, pero lo detuve”, afirmó.


Petro también insistió en la necesidad de transparencia y cambios institucionales: “Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía deben cortarse de inmediato; la contrainteligencia es para detectarlos, no para hacer uso político de la información”.


Las acusaciones se originaron tras la publicación de un reportaje de Noticias Caracol, que reveló correos y chats atribuidos al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), en los que supuestamente se mencionaba la participación de Huertas y Mejía en apoyo logístico y suministro de información para evadir operativos militares. Entre los mensajes, ‘Calarcá’ habría propuesto la creación de una empresa de seguridad conjunta con los oficiales para legitimar los movimientos de sus hombres.


El hecho inicial ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando una caravana de siete jefes de disidencias, custodiada por escoltas de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia, transportando armas de fuego, dinero en efectivo y un menor de edad. La Fiscalía confiscó celulares, computadores y memorias USB, cuyo contenido fue revelado por el noticiero.


Tras las revelaciones, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente una “estrategia conjunta de seguridad” y la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación preliminar contra Huertas y Mejía por estas acusaciones.

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