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La medida fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano
El gobierno de Daniel Noboa elevó de 3 a 30 dólares el costo por barril transportado por el oleoducto Sote, una medida que impacta directamente a Ecopetrol y se da como respuesta a los aranceles y a la suspensión de la venta de energía por parte de Colombia.


El gobierno de Ecuador anunció un drástico incremento en la tarifa que cobra por el transporte de petróleo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), en medio del creciente conflicto comercial entre ambos países. La nueva tarifa pasó de tres a treinta dólares por barril, lo que representa un aumento del 900 %.


La medida fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, quien explicó que el ajuste entró en vigencia el viernes 23 de enero y responde al principio de “reciprocidad”, luego de que Colombia suspendiera temporalmente la venta de energía eléctrica al país vecino y aplicara un arancel del 30 % a productos ecuatorianos.


Según la funcionaria, el incremento afecta principalmente a Ecopetrol, ya que el Sote es utilizado por la petrolera estatal colombiana para transportar su crudo desde el sur del país hasta el puerto ecuatoriano de Esmeraldas, en el océano Pacífico, para su exportación. El oleoducto es operado por la empresa pública Petroecuador.


Manzano señaló que Ecuador presta “un servicio estratégico” a Colombia al facilitar la salida de su petróleo, especialmente desde zonas con problemas de seguridad, y recalcó que la nueva tarifa se aplicará a usuarios extranjeros, dependiendo de la disponibilidad y condiciones del servicio.


En contraste, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por donde circula crudo de empresas privadas colombianas, no tendría por ahora una tarifa definida por el Estado, ya que opera bajo acuerdos entre privados, aunque no se descartan ajustes futuros.


El aumento se produce en un contexto de fuerte tensión bilateral, luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a importaciones provenientes de Colombia, medida que fue respondida por el gobierno de Gustavo Petro con aranceles similares y la suspensión de la venta de energía.


Hasta el momento, ambos gobiernos han manifestado disposición al diálogo, aunque no se ha confirmado la fecha de una reunión diplomática para intentar destrabar el conflicto comercial.

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