| Gestionado por la Uspec, su entrega está prevista para el 21 de junio de 2026 |
Con un avance del 88 %, el Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha se perfila como uno de los proyectos penitenciarios más ambiciosos del país. Gestionado por la Uspec, su entrega está prevista para el 21 de junio de 2026, con una inversión de $307.969 millones en construcción y $21.000 millones en interventoría.
El complejo de 36.000 metros cuadrados tendrá capacidad para 1.722 internos (sindicados y condenados) y contará con ocho pabellones —uno exclusivo para mujeres con un centro de desarrollo infantil para 15 madres e hijos—, aulas de resocialización, talleres, sanidad y áreas administrativas. Además, incluirá una planta de tratamiento de aguas residuales, clave en la árida Guajira.
Un enfoque étnico: el pabellón Wayúu
Una de las innovaciones del proyecto es la maloka para la comunidad Wayúu, con capacidad para 218 internos. Según el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, esta estructura permitirá el "libre desarrollo de sus culturas étnicas" y capacitará al personal en enfoque diferencial.
El fantasma del hacinamiento
La urgencia de la obra responde a una sobrepoblación carcelaria del 27,6 %, con 103.543 reclusos para solo 81.139 cupos, según cifras oficiales. Más de 22.000 personas viven en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, una crisis reiteradamente señalada por la Corte Constitucional desde 1998.
No obstante, expertos como Norberto Hernández, investigador de la Universidad Javeriana, advierten que la historia se repite: "Las nuevas cárceles suelen llenarse rápidamente porque la delincuencia es ilimitada. El Estado no puede responder solo con más cupos". Hernández apunta a fortalecer penas alternativas y el trabajo comunitario como soluciones de fondo.
Vigilancia y derechos humanos
Aunque la Contraloría no ha reportado irregularidades financieras, la Defensoría del Pueblo recuerda que la infraestructura es solo una mitad de la tarea. Tras la inauguración, el desafío será garantizar servicios de salud, alimentación digna y políticas criminales que no abusen de la privación de libertad.
Con la mirada puesta en 2026, la nueva cárcel de Riohacha simboliza la lucha contra el hacinamiento, pero también plantea un debate sobre la efectividad real del sistema penal colombiano.

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