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La Alta Comisionada de la ONU DDHH urge al Estado preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera en Colombia.  

 


En la presentación del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la representante de la oficina en Colombia, Juliette de Rivero, recomendó “redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz” y exhortó “al Estado a preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera".  


 


Durante su intervención, De Rivero se refirió a la propuesta que lanzó un sector político para abolir la Jurisdicción. “La abolición propuesta de la JEP en reformas legislativas presentados en el Congreso en octubre constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó después de exponer su preocupación por las 76 masacres que registró las Naciones Unidas en 2020 y 6 más que han reportado y confirmado en lo corrido de 2021.  


 


Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), del que hacen parte la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP, De Rivero aseguró que a la ONU le “preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del sistema integral, poniéndolas en riesgo”. Así mismo reconoció los avances logrados desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016 y destacó la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad. 


 


ONU DD. HH destaca avances en los casos 01 y 03  


 

“La Oficina de la portavoz de la Alta Comisionada comunicó nuestro beneplácito frente a los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos en que personas fueron presentadas de manera falsa como muertas en combate. Celebró también la reciente decisión de la Jurisdicción Especial, de imputar al exsecretariado de las Farc-EP por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes”.  


 


Sobre el informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), por la , De Rivero aseguró que "la ausencia del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de proteger la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia de las comunidades y la participación en grupos más vulnerables."  


 

ONU DDHH también expuso su preocupación por “la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y reitera la urgencia de adaptar dicha política a través de la Comisión de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz".   

 


Los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, son los lugares de Colombia más afectados por la violencia. Según el mismo documento, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc-EP en 2020 para un total de 248 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.  



Sobre las víctimas y las ONG en el país, Naciones Unidas destacó su labor importante y legítima “para luchar contra la impunidad de estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación”. Finalmente, la ONU DDHH hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores empresariales, militares y políticos para que aporten urgentemente la información relevante a su disposición que permita a la Comisión de la Verdad cumplir su mandato que finaliza en noviembre de 2021.  


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