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Los Villalba y Hernández, víctimas de desplazamiento por parte de paramilitares, llevan poco más de un mes viviendo en sus predios restituidos en Turbo (Antioquia). Sin embargo, enfrentan su primer problema luego de que la casa en la finca “No hay como Dios”, de los Villalba, fuera incinerada el fin de semana pasado. El lugar, antes propiedad del exmagistrado condenado Jorge Pretelt, representa una complejidad en materia de seguridad tan grave que los bienes fueron restituidos en marzo de 2020 y recién hasta ahora se hizo la entrega. Es zona del clan del golfo.


“Los beneficiarios informaron que, al parecer la casa de la finca ‘No hay como Dios’, había sido incinerada entre las 12:00 de la noche del sábado 20 de noviembre y la 1:30 a.m. del domingo 21. Ni la familia del señor Reynaldo Villalba (Predio No Hay Como Dios), ni Argenida Hernández (Predio Alto Bonito), se encontraban en el predio. Al conocer la noticia se comunicaron con la Unidad y los hemos venido atendiendo y acompañando”, señaló la Unidad de Restitución de Tierras, la cual representa judicialmente a ambas familias campesinas.


En reunión, los Villalba y los Hernández manifestaron a la Unidad de Restitución, a la Policía y el Ejercito su intención de buscar seguridad en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ese trámite está en curso en las oficinas territoriales de Apartadó. Turbo es enclave del clan del golfo y una zona históricamente golpeada por paramilitares. De hecho, el pasado 23 de octubre Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder del grupo armado organizado, fue capturado en la vereda Pítica del mismo municipio. En la sentencia de restitución quedó claro que, incluso, las tierras colindan con antiguas propiedades de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, hermano de Otoniel.


En el pleito legal que existió por las tierras, según la sentencia, el exmagistrado se aprovechó de la vulnerabilidad de los campesinos para quedarse con los bienes vendidos a precios sumamente bajos, luego de que paramilitares los hubieran obligado a desplazarse. La familia Villalba compró “No Hay como Dios” en 1989 y, tres años después, quien fuera el nuevo propietario fue visitado por criminales, quienes le exigieron vender la finca; ante la negativa, lo amenazaron. El 10 de marzo de 1992, él y su familia se fueron a un pueblo de Córdoba.


La persecución contra el campesino siguió por años hasta que finalmente, los exparamilitares Teófilo Hernández y Evelio Díaz, alias el Burro, lograron que en 1999 el bien quedara en manos de su socio, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, mano derecha de los hermanos Castaño. Con la tierra en su poder, Monoleche pasó la finca a Martha Ligia Patrón, esposa del exmagistrado Jorge Pretelt. Los Villalba pidieron $500.000 por hectárea, pero apenas les dieron $200.000.


La historia de los Hernández es similar: adquirieron “Alto Bonito” en 1987, cuando era un baldío, por adjudicación del antiguo Instituto de Reforma Agraria (Incora), pero por amenazas también fueron obligados a vender. En enero de 2002, un grupo de personas le exigió al dueño que desalojara el lugar y dejara escrituras y documentos de la propiedad. En 2003, el terreno quedó en manos de Martha Ligia Patrón, quien pagó alrededor de $5 millones por 46 hectáreas. “La transfirió a su esposo, quien procedió a englobarlo con el anterior fundo y tres más”, aseguró el Tribunal.


Tras la sentencia contra Pretelt, la Unidad de Restitución de Tierras acompañó a las dos familias en su regreso a las tierras. A tan solo tres días de la sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura aplazó todos los eventos hasta el 20 de abril de 2020 a causa de la pandemia. Entre ellos, la entrega material, a cargo del Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Apartadó (Antioquia). La entrega se programó, luego, para el 16 de febrero de este año, pero se canceló por “condiciones de seguridad en la que la Policía de Urabá advirtió riesgos para el desarrollo de la comisión”.


Nuevamente, el 14 de mayo de 2021, se programó de nuevo la entrega; no obstante, en palabras de la Unidad, “fue cancelada por el Juzgado ante el silencio presentado por el Ejército y la Policía para dar cuenta de las condiciones de seguridad en la zona”. A su vez, las salidas judiciales en Antioquia se suspendieron a causa de la alerta roja que había en el departamento ante el aumento del coronavirus. Aunado a los problemas por la pandemia, estaba el inconveniente con la seguridad, pues, para ese entonces, era la zona de mayor presencial del clan del golfo.


Tras las varias vicisitudes en el proceso de regresar a sus tierras, finalmente los Villalba y los Hernández pudieron retornar. Días después capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en zona rural de Turbo (Antioquia), a pocos kilómetros de las tierras de estas dos familias. A pesar del resultado operacional de las autoridades, y como se evidenció con el violento acto que acabó uno de los bienes de los Villalba, Turbo sigue siendo una zona que presenta riesgos para los campesinos de la región.

Tomado: El Espectador.



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