Por considerar que cumple con todos los requisitos que exige la ley, la exministra de las TIC, Karen Abudinen fue reconocida como víctima dentro de un nuevo proceso penal que se adelanta por las irregularidades en el proceso del contrato celebrado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros que tuvo un valor de 1.2 billones de pesos.
La defensa de Abudinen había manifestado que en un principio fue “tildada de corrupta” y citada a una moción de censura en el Congreso acusándola de robarse el dinero del anticipo, situaciones que afectaron su honra y buen nombre.
La petición se hizo en la audiencia en la que se conocerá la primera condena por este escándalo de corrupción. Jorge Enrique López Benavides reconoció mediante un preacuerdo su participación en la falsificación en la póliza del Banco Itaú, la cual fue clave en el proceso de licitación para que la Unión Temporal Centros Poblados resultara beneficiada.
López Benavides aceptó su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por lo que tendrá que pagar una pena de cuatro años de cárcel, y reintegrar 187 millones de pesos. En la actualidad López Benavides se encuentra privado de su libertad.
Para el juez, los hechos delictivos en los que participó López Benavides en complicidad con otras personas “han afectado de manera intangible, en primer lugar, intereses de la señora Karen Cecilia Abudinen al haberse vulnerado su buen nombre y al habérsele cuestionado por su labor como funcionaria pública”, precisó el juez.
Estas acusaciones, sostuvo, puso en tela de juicio la honorabilidad de la entonces Ministra. “Lo que no es objeto de debate en la presente investigación es la existencia de una investigación por su presunta acción u omisión es otro el escenario donde se debe ventilar ese actuar”.
En su análisis, el juez manifestó que los daños a la exministra no son tangibles, pero “en este momento procesal si se ha señalado una afectación con el actuar ilícito del procesado”.
El despacho judicial, también le otorgó la calidad de víctima a la Contraloría General de la Nación, el Fondo Nacional de las Garantías, el Banco Itaú, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTIC), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la sociedad financiera Aced Management, BBVA y CES Colombia.
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