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Las autoridades en Córdoba han desarrollado operaciones de traslado a 53 líderes sociales dentro del departamento y en otras zonas del territorio nacional.  Además, 4 han tenido que abandonar el país, de acuerdo con la información entregada por la Fundación Cordoberxia, organización defensora de Derechos Humanos.


De acuerdo con la información recibida, estas personas han tenido que movilizarse después de un análisis estricto de sus condiciones de seguridad por parte de los organismos de control.


La mayoría de estos casos se han conocido en el sur del departamento de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales y donde se mantienen vigentes dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que se advierte de hechos violentos como el desafortunado asesinato del periodista Rafael Moreno, registrado la noche del 16 de octubre en el municipio de Montelíbano.


“Estas alertas advierten de riesgos como los materializados en esta ocasión (16 de octubre). Reiteramos a las autoridades la importancia de acatar las recomendaciones, cuyo carácter es netamente preventivo”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.


Frente a la alarmante situación, recientemente, el alcalde de Montelíbano, José David Cura, sostuvo que se adelantarían acciones tendientes a proteger la vida de quienes han denunciado amenazas en el sur del departamento, especialmente periodistas.


“Vamos a mirar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) todos estos procesos para ver quiénes están siendo protegidos y revisaremos con lupa los casos de estas personas para que sea mejor el acompañamiento”, manifestó el mandatario municipal.


El pasado 19 de octubre se instaló en Montería la segunda sesión del Plan de Mando Unificado por la Vida (PMUV), en la que se concluyó priorizar la seguridad de defensores y defensoras de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, sur de Córdoba.


Además, el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Jairo Baquero, también manifestó que “se solicitó que los escoltas que se asignen tengan enfoque de género, enfoque étnico, que sean contratados de las mismas poblaciones de Córdoba y no de otros departamentos”.


Finalmente, se puntualizó que el próximo 4 de noviembre del año 2022, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), sesionará en Montería. En dicha sesión, este órgano colegiado articulado con el Ministerio del Interior analizará las denuncias por amenazas en el departamento con la finalidad de adoptar las respectivas medidas de protección para la población vulnerable.


La Fundación Cordoberxia ha advertido que hasta la fecha tres líderes sociales han sido asesinados y cerca de 158 se encuentran con alto riesgo en el departamento de Córdoba.

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