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La Corte Suprema le dio un mes a los conjueces del Tribunal de Montería para resolver una apelación pendiente desde hace casi tres años.
El caso penal contra el fiscal Mario Alberto Lora Correa, investigado por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos jóvenes en 2016, podría terminar sin una condena definitiva. Esto, porque el proceso está a punto de prescribir y desde hace casi tres años no hay una decisión sobre la apelación presentada contra el preacuerdo que le permitiría pagar la pena desde su casa.


La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería que resuelva en máximo un mes el recurso interpuesto por el Ministerio Público. El plazo vence este sábado 24 de mayo.


El procurador Adolfo Toscano, quien interpuso la tutela que motivó la orden de la Corte, argumentó que se han vulnerado los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, debido a que desde julio de 2021 no hay respuesta al recurso que interpuso para frenar el acuerdo entre la Fiscalía y Lora Correa.


En ese acuerdo, el fiscal implicado aceptaba su culpabilidad en los hechos a cambio de recibir una pena de siete años de prisión domiciliaria. Sin embargo, la Procuraduría se opuso, indicando que la gravedad del delito —homicidio agravado— no justificaba un castigo tan leve.


La jueza Ana Brigitte Verbel estuvo de acuerdo con esa posición y negó el preacuerdo en 2021, señalando que no se justificó adecuadamente la figura de la ira o intenso dolor ni la legítima defensa, como se alegó inicialmente. Además, sostuvo que el uso de un arma de alto poder mostró una clara desproporción frente a las víctimas.


Pese a ello, el Tribunal Superior de Montería revocó la decisión de la jueza y ordenó aplicar el preacuerdo. Desde entonces, la apelación del Ministerio Público quedó sin resolver por parte de la Sala de Conjueces.


En su tutela, el Procurador detalló que ha insistido en múltiples ocasiones sobre este asunto sin obtener respuesta, mencionando comunicaciones enviadas entre 2022 y 2025. Si no hay pronunciamiento antes del 24 de mayo, el proceso podría continuar su camino hacia la prescripción, prevista para junio de 2026.

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