En Montería y otras regiones millonaria ocupación de bienes a red de lavado del “Clan del Golfo” y “la Oficina”

Las autoridades desarticularon una red criminal señalada de crear empresas para lavar los activos que narcotraficantes asociados al ‘Clan del Golfo’ y a ‘La Oficina’ recibían por el envío de clorhidrato de cocaína. Con la acción, fueron ocupados bienes avaluados en más de $250.000 millones y que pertenecerían a varios integrantes de la organización ilegal, entre ellos un denominado como “narco invisible”, conocido con los alias de Medio Labio, Mello, Medium o José María.

Entre los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión hay 20 inmuebles, 11 vehículos, 11 sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ganado, $47’500.000 en efectivo y 31 cuentas bancarias, según el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, que desarrolló el operativo en articulación con la Policía Nacional.

Las diligencias de ocupación de las propiedades se hicieron en Medellín, Apartadó, Turbo y Mutatá (Antioquia); Montería (Córdoba); Puerto Colombia y Tubará (Atlántico), Puerto Boyacá (Boyacá), Pereira (Risaralda); Armenia y Montenegro (Quindío); Villavicencio, Puerto López, Barranca de Upía, San Martín y Mapiripán (Meta); Vichada y Bogotá.

Según el coronel José Restrepo, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, justamente en Pereira fue capturado alias el ‘Doctor’, uno de los cómplices de ‘Medio Labio’ y quien sería el cabecilla de la red criminal de lavado de activos, mientras que tres de sus colaboradores fueron detenidos en Medellín y Santa Marta (Magdalena).

Ellos son señalados de estructurar más de 11 empresas fachada, entre 2011 y 2020, que registraron un patrimonio en activos superior a los $109.000 millones. Por medio de estas “dinamizaban el lavado de dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales”.

Para lograr estos resultados y evitar el rastreo de las actividades ilegales por parte de las autoridades, la estructura contrataba a profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, quienes se encargaban de crear artimañas financieras y comerciales: maquillaban estatutos y modificaban registros contables que permitieran mostrar “falsos historiales crediticios o proyectos financieramente sostenibles para facilitar la autorización de créditos de altas sumas de dinero con empresas públicas del sector financiero”.

Incluso, hay indicios de que los capturados habrían actuado con maniobras para evadir los reportes oficiales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Asimismo, la investigación estableció que el accionar criminal de este hombre se remonta al año 2009, cuando brindó asesoría a testaferros y colaboradores de los hermanos Castaño Gil, vinculados al apoderamiento forzado de haciendas ganaderas en la región del Urabá antioqueño.

Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que los procesados, quienes fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados.